- Reapertura de las embajadas
- Control de medios de comunicación mediante una Ley Mordaza estrictamente catalana
- Desarrollo de un Instituto de Estudios Estratégicos
- Musculación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña
(suspendida recientemente por el TC)
- Creación de una moneda digital
catalana
- Conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco
público de inversiones o
- Dotar a la ciudadanía de una identidad digital catalana autogestionada
son algunas de las medidas que tiene en cartera
Carles Puigdemont si es investido presidente de la Generalitat.
Se compromete, asimismo, a
“promover un gran debate nacional,
participativo y el empoderamiento de la ciudadanía que aborde los ejes
que han de conformar la constitución de la República Catalana”.
Entre otras cosas, el ‘expresident’, que se encuentra huido en Bélgica, prevé también
“establecer un modelo de gestión individualizada de los aeropuertos de Cataluña,
que compartiremos con administraciones locales e instituciones
económicas”. Concretamente, sostiene que asumirá la gestión de los
aeropuertos de
El Prat,
Girona-Costa Brava,
Reus,
Lleida-Alguaire y
Sabadell,
pasando por alto que algunos de ellos son gestionados por el ente
público español Aena. En esta materia, el dirigente del PDeCAT planea
“crear una administración aeroportuaria catalana, formada por una unidad
administrativa de aviación civil, un organismo independiente
responsable de la regulación tarifaria y una agencia específica
responsable de la navegación y la seguridad aéreas”. Ni rastro, pues, de
una gestión compartida o una negociación del modelo de aeropuertos que
están en manos del Estado.
No es el único ámbito en el que se arroga competencias que no tiene. Uno de sus puntos establece que
unificará “la gestión de toda la red ferroviaria de Cataluña, que será asumida por el ente público Ifercat [Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña]”. También afirma que participará
“en los órganos europeos para el desarrollo del Corredor del Mediterráneo,
desde una visión global y europeísta, en beneficio de las economías de
todo el arco mediterráneo”. Paralelamente, asumirá
“la gestión de los
fondos agrícolas europeos” y creará el Fondo de Garantía Agraria.
Salario mínimo de 1.100 euros
En el programa electoral de su candidatura, Junts per Catalunya (JxCAT), figura
“restablecer y reforzar la política de Exteriores con competencias y funciones en materia de asuntos internacionales y multilaterales, asuntos europeos, cooperación internacional y derechos humanos”. También prevé
“restablecer, consolidar y ampliar la red de las delegaciones del Govern en el exterior para
promover los intereses de Cataluña en el mundo y participar de los
grandes debates globales”. Al mismo tiempo, aboga por
“trabajar para que
Cataluña disponga de las capacidades que le son propias en un contexto
global e internacional, firmando los tratados que crea relevantes” y,
por último, promete
“lanzar y mantener un diálogo permanente con los
actores, instituciones y organismos internacionales, para desarrollar la
República Catalana”. Esta potenciación de la actividad exterior
coincide también con la promesa electoral de ERC de
reabrir las polémicas ‘embajadas’.
El ‘expresident’ promete
permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas
“como mínimo para cada uno de los miembros de la pareja” y
“promover el
incremento del salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos
mensuales”.
En el proceso de creación del Estado catalán, el
dirigente del PDeCAT prevé “dotar a la ciudadanía de una identidad
digital autogestionada y aprobar una Ley Catalana de Derechos y Deberes
Digitales.
Paralelamente,
crearía una moneda digital catalana. Asimismo, figura entre sus prioridades
“promover la creación de un voluntariado digital organizado para hacer ‘república’ desde la sociedad civil”.
Otra de las medidas que tiene en la manga es hacer que la programación y
la robótica educativa
“sean asignaturas troncales en el sistema
educativo de Cataluña”.
Otra de las medidas que Puigdemont quiere
llevar adelante es la ‘resurrección’ de la Agencia de Ciberseguridad de
Cataluña. Esta agencia, que debería sustituir al polémico Cesicat, fue
creada mediante una ley el pasado mes de julio, con los votos a favor de
Junts pel Sí, PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). Su cometido sería
elaborar los planes de seguridad TIC del Gobierno catalán, aunque en un
futuro albergaría el germen de lo que serían unos futuros servicios de inteligencia netamente catalanes. La Agencia, no obstante,
fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional hace dos semanas, tras admitir a trámite un recurso del Gobierno central.
En materia de seguridad, el programa del convergente se muestra muy
parco. Curiosamente, aboga por “mejorar la coordinación entre los Mossos
d’Esquadra y las policías locales en los aspectos operativos y
organizativos”, pero no dice nada respecto a sus relaciones con los
demás cuerpos policiales del Estado.
Participar en la OTAN
Sin embargo, sí destaca la creación de un
Instituto de Estudios Estratégicos
“que haga el seguimiento e impulse la investigación en seguridad,
defensa y relaciones internacionales de cariz estratégico, partiendo de
los riesgos, amenazas y oportunidades que plantea la ubicación
geostratégica y geopolítica de Cataluña”. Su programa no se pronuncia sobre la necesidad de crear un Ejército catalán,
pero afirma que
“es preciso identificar los riesgos y las amenazas en
materia de seguridad que afectan a Cataluña y definir nuestra estrategia
de seguridad nacional integrada en nuestro contexto europeo, occidental
y mediterráneo, partiendo de los medios de que disponemos actualmente y
definiendo los medios de que se habría de dotar el país en el futuro
para garantizar nuestra seguridad”. Al hilo de esta argumentación, deja
la puerta abierta a asumir un
“nuevo nivel de ambición” con la adopción
de un plan de seguridad y defensa europeo,
“escenario que se complementa
con el objetivo de un nuevo reparto del esfuerzo presupuestario de la OTAN”.
Además de seguir promoviendo el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas y el Comité Olímpico Catalán, Puigdemont lleva en su programa la creación de la
Agencia Catalana Antidopaje.
Pero también otras medidas que pueden levantar polémica por las dudas
de si invaden competencias que no le son propias: promete una Ley de
Extranjería y una
“Ley de Protección Internacional (de Asilo)”, materias
en manos del Gobierno central. Junto a estas medidas, promete
“sustituir los centros de internamientos de extranjeros (CIES)
“por
espacios de acogida y control bajo la tutela de entidades sociales
reconocidas, respetuosos con los derechos humanos y absolutamente
desvinculados de la gestión policial”.
En materia de vivienda, el
‘expresident’ promete
“recuperar la legislación aprobada por el
Parlament que ha sido objeto de recurso ante el TC por parte del
Gobierno del PP” y elaborar una ley propia de arrendamientos urbanos.
Asimismo, piensa “impulsar la
reactivación del canon digital audiovisual
y ampliar su carácter finalista a otras artes perjudicadas por la
piratería, especialmente la música y la literatura, a pesar de los
impedimentos del Tribunal Constitucional”.
Control de los medios de comunicación
Por último, planea exigir
“el conocimiento del catalán como requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”,
duplicar el número de jueces convirtiendo a los letrados de la
Administración de Justicia en jueces y
“preservar el secreto de las
actuaciones judiciales para favorecer el derecho de todo encausado a un
juicio con todas las garantías. Preservar el derecho a la información de
los medios de comunicación, mediante un sistema de comunicación emitido
por la propia justicia, evitando procesos paralelos mediáticos y
filtraciones que perjudican el correcto funcionamiento de los procesos”,
lo que en la práctica sería un
férreo control de los medios de comunicación.
La justificación para ello es
“equilibrar el derecho a la información,
que es un derecho fundamental, con el derecho a la intimidad y a la
propia imagen para evitar filtraciones de datos de procedimientos
decretados secretos por la autoridad judicial”. Se trataría, en
definitiva de una ley mordaza que evitaría informar sobre detalles de
una investigación apelando genéricamente al
“derecho a la intimidad y a
la propia imagen”.
