El Govern pagó "una cantidad aún por determinar" pero que está "sobre" los 979.661,96 euros a Unipost para enviar tarjetas censales, según los agentes.
El Instituto Armado afea "la opacidad" de la Generalitat a la hora de especificar el coste del 1-O y desmiente que no se destinara dinero público.
Los investigadores certifican tres transferencias de 139.700 euros y piden citar como testigo al exdelegado de la Generalitat ante la UE para aclarar si fueron para los observadores del 1-O.
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| La Guardia Civil intervino en Unipost más de 45.000 sobres nominales para constituir las mesas del 1-O EP |
La Guardia Civil ha desmentido a la
Generalitat y ha cifrado en casi un millón de euros el gasto del Govern
en los sobres, notificaciones para los miembros de las mesas y tarjetas
censales del 1-O. En un informe entregado al Tribunal Supremo, el
Instituto Armado señala que el Govern pagó "una cantidad aún por
determinar" pero que está "sobre" los 979.661,96 euros a la empresa
Unipost para gestionar los envíos. La Interventora de la Generalitat
indicó que el 1-O no se financió con dinero público.
Los pagos de la Generalitat a Unipost se investigan en el juzgado de
instrucción 13 de Barcelona, que, al igual que el Supremo, indaga sobre
la presunta malversación de fondos públicos el 1-O. La cifra que la
Guardia Civil ha facilitado al Alto Tribunal corresponde a las
diligencias solicitadas por el juez Ramírez Sunyer de Barcelona en
relación a Unipost. En enero, la interventora de la Generalitat certificó que los encargos del Govern a Unipost no se dirigieron a "la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".
Ahora la Guardia Civil, en un informe entregado al
Supremo el pasado 1 de febrero, cuestiona a la interventora, una de las
funcionarias de mayor rango de la Generalitat y que en otras dos
ocasiones había negado el uso de fondos públicos para la votación. Este
millón de euros que ha identificado la Guardia Civil se suma al medio
millón supuestamente gastado por el Govern en publicidad del 1-O:
277.804 euros para el anuncio de campaña del 1-O que los grandes medios rechazaron y sólo fue emitido por TV3
y 224.835,25 euros del anuncio sobre el censo de residentes en el
extranjero. "Las emisiones en la CCMA [la corporación de medios
catalanes públicos] fueron autorizadas por el departamento de
presidencia que dirigía el conseller Jordi Turull", añade la Guardia
Civil en el informe entregado, en este caso, en el juzgado de
instrucción 13 de Barcelona.
Unipost, ahora en concurso de acreedores, ha estado bajo la lupa de los investigadores desde hace meses,
pues ya colaboró con el Govern de Artur Mas para la consulta del 9-N.
El pasado 19 de septiembre, en una sede de la empresa en Terrassa
(Barcelona), la Guardia Civil se incautó de 45.000 sobres con notificaciones
a miembros de mesas electorales del referéndum. El día del referéndum,
los miembros de las mesas fueron voluntarios que se organizaron en los
mismos colegios.
"Opacidad" de la Generalitat
El Instituto Armado afea "la opacidad" de la Generalitat a la hora de especificar el coste público del 1-O
y destaca que la investigación llevada a cabo hasta ahora "contradice"
lo indicado por el Govern. "Los pagos realizados por la Generalitat y
acreditados se van viendo reflejados", zanja la Guardia Civil, que
precisa que todavía no ha terminado su trabajo: "Se continúan realizando
gestiones para determinar el coste del referéndum del 1-O".
En este sentido, la Guardia Civil también responde a la petición que le realizó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre
tres transferencias de las cuentas Delegación de Catalunya Davant la
Unió Europea en Bruselas por su posible relación con pagos a los
observadores internacionales del 1-O.
Las pesquisas
realizadas por los investigadores han permitido confirmar el pago de
58.250 euros con destino a The Hague Centre for Strategic Studies, la
entidad sospechosa de recibir los fondos para los observadores, otro de
61.450 euros (al mismo destinatario) y 20.000 euros con destino a la
Delegación del Govern en Croacia. Las transferencias se realizaron el 21
de septiembre y el 9 de octubre.
La Delegación de la
Generalitat en la UE realizó los pagos, que ascienden a 139.700 euros,
bajo el genérico concepto de "contrato de servicios". Asimismo, el
director de la delegación europea de la Generalitat, Amadeu Altafaj
certificó, tal y como le obligaba la orden ministerial de Hacienda en
vigor desde el 15 de septiembre, que "todos los gastos" pagados por
transferencia, incluidos los ahora investigados, "no responden a la
financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones
de los tribunales".
La Guardia Civil no se fía, ya
que, según apuntan los investigadores en su informe, "numerosas fuentes
señalan a The Hague Centre for Strategic Studies como la entidad que
financió la presencia" de los observadores del 1-O. Para aclarar si,
como sospecha Llarena, las transferencias se corresponden a pagos con
dinero público a los observadores del 1-O, la Guardia Civil propone al
magistrado citar como testigo a Altafaj (que fue cesado de su cargo por el 155).
Y además, los investigadores señalan que el papel del Diplocat, la red
de delegaciones en el exterior de la Generalitat liquidadas por el 155,
es una de las "líneas de investigación" que se están trazando para
"determinar el coste del referéndum del 1-O".
El informe de Montoro, pendiente
En el documento aportado ante el Tribunal Supremo, la Guardia Civil
también indica que a fecha 1 de febrero no se había "obtenido respuesta"
de la auditoría sobre el gasto de la Generalitat por el 1-O que el juez
Ramírez Sunyer reclamó al ministerio de Hacienda en virtud del 155. El
encargo se produjo porque el magistrado no se creyó los certificados de
la interventora de la Generalitat, que ahora se ven desmentidos por la
investigación de la Guardia Civil.
De hecho, Ramírez
Sunyer, en un auto por el que rechazaba el recurso de varias defensas a
la personación de la Abogacía del Estado como acusación en la causa,
llegó a afirmar que el 1-O se financió a cargo del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA), algo que negó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La presunta utilización de fondos públicos por parte de la Generalitat
para el 1-O, tras prometer el ministro Montoro en vísperas a la votación
que lo impediría gracias a la intervención de las finanzas catalanas, ha provocado un enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos tras
las acusaciones al Gobierno de parte de la formación de Rivera por
la supuesta burla en la utilización del FLA. La Guardia Civil sigue
investigando, factura a factura.
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