El atestado, que recoge las últimas investigaciones sobre el referéndum ilegal, incluye el nombre de decenas de cargos independentistas, pero también a Guardiola y Colau
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Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cruixart, Josep
Lluis Trapero… así, hasta más de cien nombres. El informe entregado el
pasado 15 de diciembre por la Guardia Civil al juez Pablo Llarena
-instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los
organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre- recoge en sus 109
folios de extensión y en los anexos decenas de nombres de personas que,
en opinión de los agentes, tuvieron algún tipo de participación en los
hechos investigados. En aquel momento, 22 ya estaban imputados por el
magistrado. Siete días después de recibir el documento policial, Llarena
daba la misma condición a otros seis de los mencionados: el
expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la número dos de ERC, Marta
Rovira; a la exportavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel; a Marta
Pascal, coordinadora general del PDeCAT; a la expresidenta del grupo
parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y a Neus Lloveras, presidenta de
la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
El documento policial es, en realidad, un amplio resumen de
los diferentes informes que el Instituto armado ha entregado en los
diferentes órganos judiciales de Madrid y Barcelona que tienen abiertas
causas por la organización de la consulta ilegal, desde la Audiencia
Nacional al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Además de enumerar
los diferentes hitos del proceso y el contenido de diversos documentos
intervenidos en las pesquisas –como la considerada hoja de ruta Enfocats
y la agenda de Josep María Jové, mano derecha de Junqueras que fue
detenido el 20 de septiembre-, sus autores incluyen por primera vez como
objeto de sus pesquisas la organización de las Diadas y otras
movilizaciones independentistas celebradas desde 2013 hasta hoy ya que
considera que en las mismas "se inculcó un peligroso germen de
sentimiento de rechazo, cuando no odio, hacia el Estado español y las
instituciones que lo representan". De hecho, el informe incluye el
nombre del entrenador de fútbol Pep Guardiola por haber sido la persona
que leyó el manifiesto de una de estas concentraciones, la celebrada el
pasado 11 de junio.
También figuran las identidades de los 14 integrantes del
Consejo Asesor del Govern que encabezaba el magistrado Carles Viver Pi;
los 25 supuestos miembros del bautizado como “comité estratégico”
independentista –entre los que se encuentran Puigdemont, Junqueras, Mas,
Forcadell y los ‘Jordis’, todos ellos imputados- y los 16 del “comité
ejecutivo”, en el que los agentes sitúan a todos los exconsejeros del
anterior ejecutivo catalán y al que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra,
el mayor Josep Lluis Trapero, entre otros. Junto a ellos, los autores
del documento policial señalan a varios responsables de la Asociación
Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -las organizaciones que
encabezaron hasta su encarcelamiento Sànchez y Cuixart-, de la AMI, del
llamado Pacto Nacional por el Referéndum y de los Comités de Defensa de
la República. También cita a los miembros de la mesa del Parlament, que
ya declararon ante el juez Llarena como imputados, y del Diplocat, la
agencia exterior catalana. También incluye en una anexo la identidad de
todos los cargos públicos de partidos -entre ellos senadores y
diputados- que el 20 de septiembre acudieron a la concentración que
bloqueó durante horas a la comisión judicial que registraba la sede de
la Consejería de Economía dentro de la Operación Anubis contra los
preparativos de la consulta.
Junto a todos ellos, la Guardia Civil señala a los supuestos
participantes en las numerosas reuniones que aparecen recogidas en la
agenda de Jové, y en que recoge los pasos que presuntamente se dieron
desembocaron en lo que el informe denomina en varias ocasiones como
“pseudoreferéndum” del 1 de octubre. También recoge los nombres de
varios alcaldes, entre ellos la de Berga, Montse Venturós, y la de
Barcelona, Ada Colau. A esta última la cita en dos ocasiones. En la
primera, el informe policial destaca que participó en las actividades
lúdicas que se organizaron en el interior de algunos colegios los días
previos al 1 de octubre para evitar que los centros fueran cerrados
antes de la consulta. Más adelante, por su participación junto a su
primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en la manifestación que
se celebró en la capital catalana el pasado 17 de octubre en protesta
por el encarcelamiento de los ‘Jordis’. El documento destaca que en
dicho acto “se pudieron oír cánticos de independencia así como ver
pancartas con lemas de libertad de los presos políticos”.
El documento de la Guardia Civil recoge que ya está preparando otros informes para el magistrado sobre aspectos concretos de la investigación. Entre ellos, uno en el que se analiza todas las comunicaciones oficiales registradas entre los agentes de los mossos y sus superiores entre las 14.00 horas del 30 de septiembre y la medianoche del 1 de octubre con la que los responsables de la investigación pretenden "acreditar la inacción" de la policía catalana el día de la consulta ilegal. El texto remitido al juez Llarena es especialmente crítico con este cuerpo policial, a cuyo máximo responsable, el mayor Trapero, considera implicado en el plan independentista. En este sentido, critica que los mossos no hubieran "desplegado, activado ni autorizado la actuación de sus unidades antidisturbios" el día del referéndum ilegal y le recuerda al magistrado del Tribunal Supremo que esta actuación es investigada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
El documento de la Guardia Civil recoge que ya está preparando otros informes para el magistrado sobre aspectos concretos de la investigación. Entre ellos, uno en el que se analiza todas las comunicaciones oficiales registradas entre los agentes de los mossos y sus superiores entre las 14.00 horas del 30 de septiembre y la medianoche del 1 de octubre con la que los responsables de la investigación pretenden "acreditar la inacción" de la policía catalana el día de la consulta ilegal. El texto remitido al juez Llarena es especialmente crítico con este cuerpo policial, a cuyo máximo responsable, el mayor Trapero, considera implicado en el plan independentista. En este sentido, critica que los mossos no hubieran "desplegado, activado ni autorizado la actuación de sus unidades antidisturbios" el día del referéndum ilegal y le recuerda al magistrado del Tribunal Supremo que esta actuación es investigada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
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